Estas son las palabras que pronunció el Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, minutos antes de proceder a la firma de la nueva Ley de Tránsito, la cual no dudó en definir como “severa y necesaria” para acabar con la guerra que se vive a diario en las carreteras.
“Sé bien que ésta es una ley severa. Antes de asustarnos, demos gracias por ello. Hemos permitido ya mucha alcahuetería. Esta ley no está hecha para los choferes responsables. Los costarricenses que siempre han acatado las reglas de seguridad vial, no van a tener ningún problema con las reformas”, dijo el Mandatario.
“Pero quienes a diario retan a la legalidad y la autoridad de este país, quienes conducen bajo los efectos del alcohol, hacen ‘piques’ en las vías públicas, acostumbran manejar a velocidades temerarias, o de cualquier manera ponen en peligro la vida e integridad de otros conductores y de los peatones, esas personas sí conocerán las nuevas multas y penas. Esas personas sí serán castigadas por el Estado como corresponde. Ésta no es una ley que hay que temer. Es tan sólo una ley que hay que obedecer”, añadió Arias Sánchez.
La nueva normativa establece altas multas e incluso penas de cárcel por infracciones como conducir bajo los efectos del licor, velocidad temeraria e irrespeto a las señales de tránsito. Para velar por el cumplimiento de esta nueva normativa y una mayor seguridad en nuestras calles, el Gobierno contratará 400 nuevos oficiales de tránsito.
Para la Pymes
Por otra parte, en nombre del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, aplaudió la aprobación en primer debate esta mañana en el Congreso del Proyecto Ordinario y Extraordinario de la República para el 2008 y el IV Presupuesto Extraordinario para el 2008, lo cual permitirá llevar adelante la anunciada capitalización de los bancos del Estados.
En medio de la grave crisis financiera internacional, esta capitalización es una iniciativa del Ejecutivo que pretende inyectar capital económico por un total de $117,5 millones a los bancos de Costa Rica, Nacional y Crédito Agrícola de Cartago, para darles robustez crediticia y de esta forma, ir en ayuda del sector productivo y en especial de los pequeños y medianos empresarios.
“Hoy recibimos una buena noticia de la Asamblea Legislativa cuando nos anunciaron que la capitalización de los bancos del Estado había sido aprobada. Esperamos que la iniciativa se apruebe lo más pronto en segundo debate y de esta forma, los tres bancos del Estado tengan mayor capacidad patrimonial para atender las demandas de crédito de todo el sector productivo, ya que realmente es una verdadera urgencia contar con estos recursos”, expresó el Ministro.
“Quiero reiterar una vez más que el principal interés nuestro es proteger en todo momento el empleo de los costarricenses y para eso es fundamental que el aparato productivo siga activo y podamos así mitigar de la mejor forma los efectitos adversos que pueda generar la crisis internacional”, expresó Rodrigo Arias.
Doble condición
En otro plano, el Ministro Arias informó que durante las últimas horas se han sostenido diversas conversaciones con la diputada Mayi Antillón, tras las cuales se adoptó la decisión de nombrarla en el cargo de Ministra de Información a partir de enero próximo, sin que ella pierda su credencial de legisladora.
Esa doble condición se ha repetido en anteriores administraciones y se sustenta, explicó Arias en el artículo 111 de la Constitución Política el cual señala: “Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones. (…)”.
Consultado sobre el Informe de la Comisión de Ética del Ejecutivo sobre el ex cónsul en Nicaragua, Víctor Láscarez, el Ministro Arias recordó que el pasado 30 de abril, en conferencia de prensa, él mismo leyó de manera casi textual la conclusión de dicho informe:
“La Comisión de Ética en este caso, consideró que la actuación de don Víctor al desarrollar su actividad consular fuera de la sede diplomática, al utilizar el vehículo de su propiedad pero portando placas diplomáticas, ha colocado su investidura consular en una situación que podría interpretarse hasta de una pérdida de confianza en su discrecionalidad; que pudo haber afectado la seguridad nacional al estar dándole un servicio a personas que realmente, en ese momento, no se tenía toda la información sobre ellos, y que el proceder de transportarlos en su vehículo para llevarlos, uno a Liberia y otro a San José, es un procedimiento indebido”, señaló Arias en dicha oportunidad.
El Poder Ejecutivo entregó hoy copia del informe completo a los medios de comunicación.
Doble condición
En otro plano, el Ministro Arias informó que durante las últimas horas se han sostenido diversas conversaciones con la diputada Mayi Antillón, tras las cuales se adoptó la decisión de nombrarla en el cargo de Ministra de Información a partir de enero próximo, sin que ella pierda su credencial de legisladora.
Esa doble condición se ha repetido en anteriores administraciones y se sustenta, explicó Arias en el artículo 111 de la Constitución Política el cual señala: “Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones. (…)”.
Consultado sobre el Informe de la Comisión de Ética del Ejecutivo sobre el ex cónsul en Nicaragua, Víctor Láscarez, el Ministro Arias recordó que el pasado 30 de abril, en conferencia de prensa, él mismo leyó de manera casi textual la conclusión de dicho informe:
“La Comisión de Ética en este caso, consideró que la actuación de don Víctor al desarrollar su actividad consular fuera de la sede diplomática, al utilizar el vehículo de su propiedad pero portando placas diplomáticas, ha colocado su investidura consular en una situación que podría interpretarse hasta de una pérdida de confianza en su discrecionalidad; que pudo haber afectado la seguridad nacional al estar dándole un servicio a personas que realmente, en ese momento, no se tenía toda la información sobre ellos, y que el proceder de transportarlos en su vehículo para llevarlos, uno a Liberia y otro a San José, es un procedimiento indebido”, señaló Arias en dicha oportunidad.
El Poder Ejecutivo entregó hoy copia del informe completo a los medios de comunicación.
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